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Mientras nos distraemos con las riñas en Morena y las intrigas palaciegas, una maniobra de proporciones bíblicas se desarrolla silenciosamente en los pasillos del poder judicial mexicano. Ahora los ministros de culto pueden ocupar cargos de elección popular, o al menos eso es lo que intentan hacer algunos miembros de la poderosa Iglesia de La Luz del Mundo, esa misma cuyo líder supremo disfruta de la hospitalidad del sistema penitenciario estadounidense, procesado por cargos de abuso sexual contra menores que harían sonrojar hasta al más cínico de los pecadores.
Con una candidez que raya en la complicidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha otorgado su bendición burocrática —mediante una estratégica omisión— para que obispos, pastores y líderes espirituales de esta congregación se postulen como jueces y magistrados. Todo esto ocurre bajo la mirada distraída de la Secretaría de Gobernación, que parece haber olvidado convenientemente su papel como regulador de las asociaciones religiosas, mientras los directivos de La Luz del Mundo reparten bendiciones político-espirituales como quien reparte volantes en día de elecciones.
La iglesia que dirige desde su celda Naasón Merari Joaquín García —el autoproclamado "apóstol de Jesucristo" que cambió la túnica blanca por el uniforme carcelario— ha perfeccionado una estrategia digna de maquiavelo: no registrar a todos sus líderes ante Gobernación como ministros de culto. Esta omisión, lejos de ser un descuido administrativo, constituye una calculada estrategia política que les permite infiltrarse en las estructuras gubernamentales sin las restricciones que la ley impone a los líderes religiosos.
Porque, seamos honestos, el poder espiritual no siempre satisface sus fines terrenales. Al parecer, la promesa del reino de los cielos no es tan tentadora como un puesto en la administración pública, desde donde pueden influir no solo en sus fieles seguidores, sino en toda la sociedad mexicana y, por supuesto, en la vida política del país. Municipios, gubernaturas, escaños en las Cámaras de Diputados y Senadores son apenas el comienzo de esta cruzada secular que busca la conquista no de almas, sino de votos y decisiones judiciales.
Las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual de esta congregación con sede en la Hermosa Provincia de Guadalajara, Jalisco, han levantado la voz para alertar que tanto Gobernación como el INE tienen la obligación moral y legal de investigar el verdadero quehacer de estos líderes religiosos disfrazados de ciudadanos comunes. Su preocupación no es menor: buscan evitar que personas estrechamente relacionadas con la dirigencia de La Luz del Mundo, como Job Daniel Wong Ibarra —quien ostenta el cargo de "encargado evangelista" mientras hace campaña como candidato a Magistrado de Circuito— sigan escalando en el ambiente político con la misma agilidad con que escalan en la jerarquía eclesiástica.
El caso de Madián Sinaí Menchaca Sierra resulta particularmente ilustrativo de esta santa ambición terrenal. Hija del obispo Nicolás Menchaca —nada menos que el encargado de La Hermosa Provincia, epicentro del poder de esta iglesia en Jalisco— hace campaña para ser jueza de distrito en materia administrativa. Mientras tanto, su padre, quien sí está registrado oficialmente como ministro de culto, se dedica a tareas más propias de un operador electoral que de un hombre de fe, haciendo proselitismo a favor de su hija en una clara violación de lo que dicta nuestra Constitución, que prohíbe a los ministros de culto involucrarse en actividades políticas.
Lo verdaderamente revelador de esta situación es que la ley otorga herramientas suficientes para evitar este tipo de maniobras. El Artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece claramente que cuando las iglesias omiten notificar quiénes son sus ministros de culto, se considerarán como tales a quienes ejerzan funciones de dirección, representación u organización como principal ocupación. Es decir, Gobernación tiene toda la facultad para investigar si estas personas que ahora aspiran a impartir justicia son simples congregantes o si en realidad ejercen un cargo directivo dentro de La Luz del Mundo, para así hacer valer la ley y prohibirles ser candidatos a cargos de elección.
Según miembros de la organización Defensores por una Justicia Digna —que paradójicamente buscan justicia en un sistema que parece mirar hacia otro lado—, la lista de aspirantes políticos vinculados a esta iglesia es más extensa de lo que se piensa. Cinthia Teniente Mendoza, actual munícipe de Villagrán, Guanajuato, ahora pretende convertirse en magistrada por el XVI Circuito. No es casualidad que sea esposa del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona. Ambos forman parte de un grupo selecto que, según los denunciantes, toma decisiones al interior de la iglesia con la misma facilidad con que ahora buscan tomarlas en los tribunales de la República.
La lista continúa con más nombres de dirigentes religiosos que ya están en campaña, aunque su papel dentro de La Luz del Mundo no es el de simples fieles que asisten los domingos a escuchar el sermón. Ejercen poder religioso real pero, gracias a la estrategia de no registrarse formalmente como pastores, obispos o líderes, han logrado ocupar posiciones clave dentro de la administración pública sin que las autoridades electorales o administrativas levanten una ceja.
Esta infiltración sistemática plantea preguntas inquietantes sobre la separación Iglesia-Estado que supuestamente es uno de los pilares de nuestra República. Mientras el líder supremo de La Luz del Mundo enfrenta la justicia estadounidense por delitos que repugnan a cualquier conciencia, sus lugartenientes avanzan silenciosamente hacia posiciones desde donde podrían influir en la impartición de esa misma justicia en México.
¿Dónde está Gobernación?
¿Dónde está el INE?
Ambas instituciones parecen practicar la virtud bíblica de la paciencia, mientras los candidatos con sotana invisible avanzan en sus aspiraciones políticas. La omisión, en este caso, no es solo burocrática —es cómplice.
El fenómeno de La Luz del Mundo representa solo la punta del iceberg de un problema mayor: la creciente influencia de grupos religiosos en la política mexicana. Lo que comenzó como una discreta participación de algunos congregantes en puestos menores ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia coordinada para colocar a representantes de intereses religiosos en posiciones clave del aparato gubernamental.
La separación Iglesia-Estado, ese principio defendido con sangre durante la Reforma y consagrado en nuestra Constitución, se diluye sutilmente mientras las autoridades miran hacia otro lado. No se trata ya de la influencia moral que las iglesias puedan ejercer sobre sus fieles —algo perfectamente legal y legítimo— sino de la ocupación directa de espacios de poder por quienes responden a una jerarquía religiosa no declarada.
El caso resulta aún más preocupante cuando recordamos que el líder de esta organización, Naasón Joaquín García, enfrenta acusaciones graves de abuso sexual contra menores en Estados Unidos. Sus seguidores en México, sin embargo, lo siguen considerando el "apóstol de Jesucristo" y mantienen una lealtad que trasciende fronteras y sistemas legales. ¿Qué pasará cuando estos mismos seguidores, ya convertidos en jueces o magistrados, deban pronunciarse sobre casos que afecten los intereses de su iglesia o de su líder encarcelado?
Las víctimas y sobrevivientes de abusos dentro de esta congregación tienen razones de sobra para alarmarse. Han experimentado en carne propia cómo el poder religioso puede utilizarse para silenciar denuncias y proteger a los perpetradores. Ahora temen, con justificada razón, que ese mismo poder se extienda hasta las instituciones del Estado mexicano.
La estrategia de no registrar oficialmente a todos sus líderes ante Gobernación no es un descuido administrativo ni una omisión casual —es una calculada maniobra política que les ha permitido ocupar espacios estratégicos en la administración pública. Desde allí, pueden influir no solo en sus congregantes, sino en decisiones que afectan a toda la sociedad mexicana.
El INE y Gobernación tienen las herramientas legales para investigar y actuar. El mencionado Artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas es claro: quien ejerza funciones de liderazgo religioso, esté registrado o no, debe considerarse ministro de culto y, por tanto, está sujeto a las restricciones políticas que la ley establece. La pregunta es si existe la voluntad política para aplicar esa ley cuando los intereses religiosos y políticos se entrelazan de manera tan conveniente.
Mientras tanto, candidatos como Job Daniel Wong Ibarra y Madián Sinaí Menchaca Sierra continúan sus campañas, contando con el respaldo no declarado de una estructura religiosa que moviliza votos con la misma eficacia con que reúne fieles los domingos. Y el senador Reyes Carmona, junto a su esposa Cinthia Teniente, representan el ejemplo perfecto de cómo el poder político y religioso pueden confluir en matrimonios tanto literales como figurados.
La luz que da nombre a esta iglesia parece iluminar ahora no solo templos, sino también oficinas gubernamentales, cámaras legislativas y, si nadie lo impide, tribunales de justicia. Una luz que, paradójicamente, arroja sombras inquietantes sobre la separación de poderes y la laicidad del Estado mexicano.
Las autoridades tienen una oportunidad histórica para reafirmar el carácter laico de nuestras instituciones. La pregunta es si tendrán el valor de hacerlo o si preferirán seguir mirando hacia otro lado mientras una nueva forma de poder, mitad político y mitad religioso, se consolida en los cimientos mismos de nuestra República.
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