En México la tragedia y la comedia bailan un tango macabro, y es una de las razones culturales por las que Claudia Sheinbaum se encuentra ...
En México la tragedia y la comedia bailan un tango macabro, y es una de las razones culturales por las que Claudia Sheinbaum se encuentra hoy al borde del precipicio político más abrupto de su carrera. El rancho Izaguirre no es simplemente un lugar, ni un debate semántico: es un mausoleo de las ilusiones de la Cuarta Transformación, un espejo donde se refleja la más descarnada y grotesca realidad del México contemporáneo.
Fuentes cercanas a la Presidencia —esas que susurran entre bastidores mientras se sirven un café— han revelado un dato que le pone más aderezo y picante a este thriller político: el escándalo del campo de extermionio en tierras jalisciences no pudo haber sucedido en peor momento para la Presidenta con A, pues el gobierno de Estados Unidos ha entregado, vía Omar García Harfuch, una lista de 250 nombres de personas que son del interés de la justicia gringa, pues resulta que muchos de ellos son de prominentes e importantes personajes del morenismo nacional. Es en resumen un catálogo que promete ser más explosivo que un coctel molotov en una fiesta de políticos.
El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, dejó de ser un punto en el mapa y se convirtió en el epicentro de un terremoto político que, de entrada, ha sepultado la narrativa oficial. Las madres buscadoras —esas heroínas anónimas que desafían al poder con la única fuerza de su dolor— destaparon una caja de Pandora que ni los mejores estrategas políticos pueden cerrar.
La estrategia gubernamental ha sido tan sutil como un hipopótamo bailando ballet: primero, intentaron minimizar el hallazgo; luego, organizaron un "tour mediático" que resultó ser más patético que un sketch de comedia fallido. Influencers y plumas oficialistas desfilaron por el rancho como turistas en un muy bien barrido parque temático del horror, mientras la evidencia desaparecía más rápido que la credibilidad de un político en época electoral.
La Presidencia de la República no sólo optó por el descrédito que tan bien le resultó a YSQ, sino qye además hizo todo lo contrario de lo que el manual de manejo de crisis de reputación indica.
En vez de comenzar a trabajar de manera inmediata en la atenuación de la crisis -que no debiera esperar más allá de las 24 horas- dejaron que el incidente creciera durante semanas. Reaccionaron 19 días después. Exagerada y vergonzosamente tarde. Semejante incapacidad de reacción provocó que, inevitablemente, el vacío informativo se llenara con especulaciones, acusaciones e imprecisiones que desgastaron brutalmente la imagen del gobierno.
Permitieron que los medios de comunicación controlaran la narrativa del suceso desde el primer momento, apostando a que el asunto no sobreviviera en los titulares más allá de las 48 horas. Obviamente esto no sucedió así.
En vez de aplicar el principio de Transparencia Inmediata y Radical, escogió el camino de la ocultación y las acusaciones a todos sus supuestos oponentes.
En vez de reconocer públicamente los hechos, se dieron a la tarea de endosarlos y endilgarlos a las autoridades estatales. Esto logró el efecto crontario, incluso a pesar de que las omisiones ciertamente están del lado de Jalisco.
Cuando las crisis de reputación tienen que ver con crímenes tan graves como las desapariciones, lo primero que se debe hacer es invitar a observadores independientes, Permitir la revisión de organismos internacionales, Facilitar el acceso a información a periodistas y colectivos y Crear mecanismos de verificación externa, además de asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio de gobierno. Claramente no se hizo casi nada de esto, y la desaseada visita al rancho Izaguirre empeoró de manera exponencial la crisis, alimentando las sospechas en vez de aminorarlas.
Para cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum intentó reconocer los errores institucionales y generar acciones concretas, ya era muy tarde. El daño era irreversible.
La Presidencia omitió un elemento clave en su muy tardía reacción: la dimensión emocional del suceso. No mostró en ningún memento empatía genuina, no reconoció ni por asomo el dolor de las víctimas, se abstuvo de humanizar la comunicación institucional y cayó irremediablemente en la retórica burocrática. Resulta increíble que les extrañe y les indigne el desastre comunicacional que ellos mismos engendraron.
Y finalmente, a pesar de que Claudia Sheinbaum intentó aplicar la desactivación del escándalo con una correcta identificación de fallas estructurales, una tímida implementación de mejoras y la readecuación de protocolos de prevención, omitió el elemento más importante de todos: la transformación de la crisis en un momento de renovación institucional.
Ante esta descomunal lista de errores, no debiera entonces sernos extraño que el daño a la reputación de la 4T hala trascendido las fronteras de nuestro país, y la muestra más dolorosa para la administración de Claudia Sheinbaum fue la primera plana del New York Times de este lunes pasado, que no solo publicó la noticia, sino que la tituló como "Un campo de exterminio en México". La ironía es demoledora: mientras Sheinbaum intenta lavarse las manos con la misma eficacia con que Poncio Pilatos, el mundo entero observa con azoro y toma notas.
La estrategia de culpar a Enrique Alfaro, al gobierno de Jalisco y a cuanto funcionario pase por su radar es tan burda que resulta casi cómica. Es como ver a un niño tratando de esconder una rotura de jarrón moviendo muebles delante de sus padres.
Lo más escalofriante no es el rancho en sí, sino lo que representa: la continuidad de una violencia sistémica que sobrevive a los cambios de gobierno y partidos políticos como una cucaracha nuclear.
El rancho Izaguirre es el síntoma de una enfermedad profunda en México, grave, lacerante, lamentable, lastimosa, penosa, desgarradora, triste y desoladora. Y es precisamente por eso que no existe ya ningún discurso oficial que la pueda ocultar.
La tragedia de las desapariciones nos pinta de cuerpo entero. Nos pone frente a un espejo que nos llena de vergüenza y de espanto, porque simplemente no podemos creer la basura de sociedad en la que nos hemos convertido.
Y Claudia Sheinbaum lo sabe.
Fuentes cercanas a la Presidencia —esas que susurran entre bastidores mientras se sirven un café— han revelado un dato que le pone más aderezo y picante a este thriller político: el escándalo del campo de extermionio en tierras jalisciences no pudo haber sucedido en peor momento para la Presidenta con A, pues el gobierno de Estados Unidos ha entregado, vía Omar García Harfuch, una lista de 250 nombres de personas que son del interés de la justicia gringa, pues resulta que muchos de ellos son de prominentes e importantes personajes del morenismo nacional. Es en resumen un catálogo que promete ser más explosivo que un coctel molotov en una fiesta de políticos.
El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, dejó de ser un punto en el mapa y se convirtió en el epicentro de un terremoto político que, de entrada, ha sepultado la narrativa oficial. Las madres buscadoras —esas heroínas anónimas que desafían al poder con la única fuerza de su dolor— destaparon una caja de Pandora que ni los mejores estrategas políticos pueden cerrar.
La estrategia gubernamental ha sido tan sutil como un hipopótamo bailando ballet: primero, intentaron minimizar el hallazgo; luego, organizaron un "tour mediático" que resultó ser más patético que un sketch de comedia fallido. Influencers y plumas oficialistas desfilaron por el rancho como turistas en un muy bien barrido parque temático del horror, mientras la evidencia desaparecía más rápido que la credibilidad de un político en época electoral.
La Presidencia de la República no sólo optó por el descrédito que tan bien le resultó a YSQ, sino qye además hizo todo lo contrario de lo que el manual de manejo de crisis de reputación indica.
En vez de comenzar a trabajar de manera inmediata en la atenuación de la crisis -que no debiera esperar más allá de las 24 horas- dejaron que el incidente creciera durante semanas. Reaccionaron 19 días después. Exagerada y vergonzosamente tarde. Semejante incapacidad de reacción provocó que, inevitablemente, el vacío informativo se llenara con especulaciones, acusaciones e imprecisiones que desgastaron brutalmente la imagen del gobierno.
Permitieron que los medios de comunicación controlaran la narrativa del suceso desde el primer momento, apostando a que el asunto no sobreviviera en los titulares más allá de las 48 horas. Obviamente esto no sucedió así.
En vez de aplicar el principio de Transparencia Inmediata y Radical, escogió el camino de la ocultación y las acusaciones a todos sus supuestos oponentes.
En vez de reconocer públicamente los hechos, se dieron a la tarea de endosarlos y endilgarlos a las autoridades estatales. Esto logró el efecto crontario, incluso a pesar de que las omisiones ciertamente están del lado de Jalisco.
Cuando las crisis de reputación tienen que ver con crímenes tan graves como las desapariciones, lo primero que se debe hacer es invitar a observadores independientes, Permitir la revisión de organismos internacionales, Facilitar el acceso a información a periodistas y colectivos y Crear mecanismos de verificación externa, además de asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio de gobierno. Claramente no se hizo casi nada de esto, y la desaseada visita al rancho Izaguirre empeoró de manera exponencial la crisis, alimentando las sospechas en vez de aminorarlas.
Para cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum intentó reconocer los errores institucionales y generar acciones concretas, ya era muy tarde. El daño era irreversible.
La Presidencia omitió un elemento clave en su muy tardía reacción: la dimensión emocional del suceso. No mostró en ningún memento empatía genuina, no reconoció ni por asomo el dolor de las víctimas, se abstuvo de humanizar la comunicación institucional y cayó irremediablemente en la retórica burocrática. Resulta increíble que les extrañe y les indigne el desastre comunicacional que ellos mismos engendraron.
Y finalmente, a pesar de que Claudia Sheinbaum intentó aplicar la desactivación del escándalo con una correcta identificación de fallas estructurales, una tímida implementación de mejoras y la readecuación de protocolos de prevención, omitió el elemento más importante de todos: la transformación de la crisis en un momento de renovación institucional.
Ante esta descomunal lista de errores, no debiera entonces sernos extraño que el daño a la reputación de la 4T hala trascendido las fronteras de nuestro país, y la muestra más dolorosa para la administración de Claudia Sheinbaum fue la primera plana del New York Times de este lunes pasado, que no solo publicó la noticia, sino que la tituló como "Un campo de exterminio en México". La ironía es demoledora: mientras Sheinbaum intenta lavarse las manos con la misma eficacia con que Poncio Pilatos, el mundo entero observa con azoro y toma notas.
La estrategia de culpar a Enrique Alfaro, al gobierno de Jalisco y a cuanto funcionario pase por su radar es tan burda que resulta casi cómica. Es como ver a un niño tratando de esconder una rotura de jarrón moviendo muebles delante de sus padres.
Lo más escalofriante no es el rancho en sí, sino lo que representa: la continuidad de una violencia sistémica que sobrevive a los cambios de gobierno y partidos políticos como una cucaracha nuclear.
El rancho Izaguirre es el síntoma de una enfermedad profunda en México, grave, lacerante, lamentable, lastimosa, penosa, desgarradora, triste y desoladora. Y es precisamente por eso que no existe ya ningún discurso oficial que la pueda ocultar.
La tragedia de las desapariciones nos pinta de cuerpo entero. Nos pone frente a un espejo que nos llena de vergüenza y de espanto, porque simplemente no podemos creer la basura de sociedad en la que nos hemos convertido.
Y Claudia Sheinbaum lo sabe.
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