(EFE).- Padres de familia de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 realizaron este lun...
(EFE).- Padres de familia de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 realizaron este lunes un mitin en el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala junto con estudiantes que culminó en destrozos a las instalaciones.
El objetivo de la protesta en el Palacio de Justicia fue exigir que entreguen los videos que las cámaras de seguridad de ese lugar, en ese momento a cargo de la magistrada Lambertina Galeana Marín, captaron la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2014, y que supuestamente desaparecieron.
Los padres, junto con integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), llegaron a Iguala, en la zona norte de Guerrero, a bordo de al menos 19 autobuses.
En el mitin los padres exigieron al Gobierno mexicano que investigue al exgobernador del sureño estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y a quien era fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera.
A ambos miembros del exgobierno de Guerrero (2011-2014), en ese entonces en manos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), los señalan de ocultar información y falsear declaraciones sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los padres pidieron que en las investigaciones retomadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se tomen en cuenta las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen que los jóvenes fueron privados de su libertad en ese punto.
Otra de las exigencias en el mitin fue que se profundice en las investigaciones contra el ex fiscal general de México Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, a quienes señalan de entorpecer las investigaciones.
También se resaltó que la liberación de 77 personas implicadas a lo largo de estos años, muchos de ellos por falta de pruebas o por una mala construcción del proceso en su contra, pone en riesgo a las víctimas, testigos, defensores y simpatizantes de ese movimiento, por lo que exigieron garantías para ellos.
Durante el mitin, estudiantes normalistas llevaron a cabo pintas con consignas al exterior de las instalaciones, y una vez concluido comenzaron a arrojar rocas contra los cristales.
Posteriormente lanzaron cohetes y petardos al interior, de donde salió humo en evidencia de que se prendieron algunos objetos.
Antes de la movilización de este lunes los trabajadores del Palacio de Justicia lo evacuaron y sacaron documentos.
De manera extraoficial se informó que los trabajadores habían solicitado vigilancia policiaca. Sin embargo, en ningún momento se observaron fuerzas de ningún orden de gobierno.
La noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El objetivo de la protesta en el Palacio de Justicia fue exigir que entreguen los videos que las cámaras de seguridad de ese lugar, en ese momento a cargo de la magistrada Lambertina Galeana Marín, captaron la noche de los hechos, el 26 de septiembre de 2014, y que supuestamente desaparecieron.
Los padres, junto con integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), llegaron a Iguala, en la zona norte de Guerrero, a bordo de al menos 19 autobuses.
En el mitin los padres exigieron al Gobierno mexicano que investigue al exgobernador del sureño estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y a quien era fiscal del estado, Iñaki Blanco Cabrera.
A ambos miembros del exgobierno de Guerrero (2011-2014), en ese entonces en manos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), los señalan de ocultar información y falsear declaraciones sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los padres pidieron que en las investigaciones retomadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se tomen en cuenta las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen que los jóvenes fueron privados de su libertad en ese punto.
Otra de las exigencias en el mitin fue que se profundice en las investigaciones contra el ex fiscal general de México Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, a quienes señalan de entorpecer las investigaciones.
También se resaltó que la liberación de 77 personas implicadas a lo largo de estos años, muchos de ellos por falta de pruebas o por una mala construcción del proceso en su contra, pone en riesgo a las víctimas, testigos, defensores y simpatizantes de ese movimiento, por lo que exigieron garantías para ellos.
Durante el mitin, estudiantes normalistas llevaron a cabo pintas con consignas al exterior de las instalaciones, y una vez concluido comenzaron a arrojar rocas contra los cristales.
Posteriormente lanzaron cohetes y petardos al interior, de donde salió humo en evidencia de que se prendieron algunos objetos.
Antes de la movilización de este lunes los trabajadores del Palacio de Justicia lo evacuaron y sacaron documentos.
De manera extraoficial se informó que los trabajadores habían solicitado vigilancia policiaca. Sin embargo, en ningún momento se observaron fuerzas de ningún orden de gobierno.
La noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
Entradas
