(EFE).- El Congreso aprobó este viernes por segunda vez una resolución conjunta del Senado y la Cámara Baja contra la emergencia nacional de...
(EFE).- El Congreso aprobó este viernes por segunda vez una resolución conjunta del Senado y la Cámara Baja contra la emergencia nacional decretada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México, aunque se espera que el mandatario vuelva a vetarla.
La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, votó hoy a favor (236-174) del texto legislativo contra la emergencia nacional, incluyendo a 11 legisladores republicanos y el independiente Justin Amash, que antes también era del bando conservador.
Ese resultado se sumó al de la votación del miércoles del Senado (54-41), controlado por los republicanos, que también dio luz verde a la resolución.
Este escrito tiene el objetivo de censurar que Trump haya pasado por alto la autoridad legislativa de los congresistas, que no habían aprobado los fondos para el muro que desea el gobernante.
Pese a que en marzo ambas Cámaras ya aprobaron una resolución similar, Trump tiene el poder de vetarla de nuevo y devolverla al Congreso, que entonces necesitaría el apoyo de dos tercios en ambas grupos para revocar el veto presidencial y hacerla efectiva, algo menos probable de que ocurra en el Senado.
Este año, Trump pidió 5.700 millones de dólares en fondos para levantar el muro, una de sus promesas estrella de la campaña que aún no ha podido cumplir.
Cuando el Congreso se negó, se produjo un enfrentamiento entre los legisladores y la Casa Blanca que provocó un cierre parcial de la Administración de un mes que terminó cuando el presidente aceptó 1.370 millones de dólares para la protección fronteriza.
Tras ese episodio, Trump firmó el pasado 15 de febrero una declaración de emergencia nacional, una medida extraordinaria que permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis.
Trump justificó su declaración de emergencia por una supuesta "invasión" de drogas y criminales en la frontera con México.
Con ese decreto, el gobernante pretendía reunir 6.600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1.375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.
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