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Los representantes de varias organizaciones sociales salvadoreñas pidieron este jueves al presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, que vete una ley de “reconciliación nacional”, en caso de ser aprobada por el Congreso, por ser una “amnistía encubierta” de crímenes de guerra.
El Congreso salvadoreño prepara una polémica ley que busca sustituir la ley de amnistía de 1993 anulada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016 y que ha sumado el rechazo de diversas instancias, incluida las Naciones Unidas.
Al menos dos miembros de la comisión de diputados que estudia la iniciativa no descartaron, en declaraciones a la prensa, que la ley sea aprobada este jueves en una sesión plenaria del órgano de Estado.
Los miembros de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, conformada por 16 organizaciones y una universidad estatal, pidieron a Sánchez Cerén mediante una carta que vete dicha ley si es aprobada.
La iniciativa contaría con los votos de los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PNC) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), así como del gobernante izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Estos partidos suman al menos 72 votos, más de los 43 que la legislación exige para aprobar una ley.
De acuerdo con las organizaciones, la propuesta es una “amnistía encubierta, que ha sido prohibida por el derecho internacional vigente en El Salvador” y por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
“Le instamos a no sancionar una nueva ley, denominada de reconciliación, pero que será en realidad una nueva ley de impunidad”, señalaron.
Los activistas subrayaron que es un “deber ético, legal y constitucional” de Sánchez Cerén rechazar esta iniciativa para no concluir su administración “poniéndose al lado de los victimarios y permitiendo el atropello de las víctimas de la guerra civil (1980-1992)”.
Destacaron que la actual Administración “impulsó algunos proyectos de reparación”, pero “estas acciones quedarán sin sentido”, si finalmente “opta por apoyar la impunidad”.
El único partido que públicamente se ha negado a apoyar la aprobación de la ley de “reconciliación nacional” es la formación del presidente electo, Nayib Bukele, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
La Corte Suprema de Justicia anuló en 2016 una ley de amnistía general de 1993 y ordenó al Congreso crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, que estarían en peligro por la ley que prepara el Congreso, según diversos activistas de derechos humanos.
Entre los procesos reabiertos se encuentran la causa por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989).
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