El expresidente de Nissan Motor y Renault Carlos Ghosn y sus abogados criticaron hoy su nuevo arresto por cargos adicionales y anunciaron...
El expresidente de Nissan Motor y Renault Carlos Ghosn y sus abogados criticaron hoy su nuevo arresto por cargos adicionales y anunciaron que recurrirán, mientras que la fiscalía justificó su detención por la gravedad de los supuestos delitos.
La fiscalía nipona y el equipo de defensa legal del ejecutivo ofrecieron hoy sus respectivas versiones sobre los últimos desarrollos en el “caso Ghosn”, poco después de que éste tomara un giro inesperado con la detención del exdirectivo mientras se encontraba en libertad bajo fianza.
La orden de arresto contra el alto ejecutivo francobrasileño, de 65 años, es la cuarta desde que se abrió el caso contra él a finales de noviembre, y se ejecutó unas horas después de que Ghosn anunciara a través de Twitter la convocatoria de una rueda de prensa el próximo día 11 para “contar la verdad sobre lo que está pasando”.
La nueva detención se debió a las sospechas de que Ghosn cometió “un delito muy diferente” a los otros de los que se le acusan, y en particular los indicios de que el ejecutivo “se benefició personalmente” de fondos de Nissan y Renault, según dijo en rueda de prensa el vicefiscal del distrito de Tokio, Shin Kukimoto.
Aunque la fiscalía no dio más detalles de los cargos adicionales, medios nipones y franceses han apuntado a un delito de abuso agravado de confianza debido a que el exejecutivo habría hecho uso personal de parte de unos fondos de Nissan y Renault transferidos a una distribuidora con sede en Omán.
El comunicado facilitado hoy por la fiscalía de Tokio no identifica a las empresas involucradas, pero sí especifica la cantidad que el directivo habría empleado en su beneficio, unos 5 millones de dólares (4,45 millones de euros), y que los envíos tuvieron lugar en 2015 y 2018.
La fiscalía cree que estas transacciones irregulares “causaron pérdidas” a Nissan, y decidió solicitar el nuevo arresto de Ghosn al considerar que existe riesgo de que éste destruya pruebas relacionadas con el caso.
Por su parte, la defensa legal del directivo calificó de “inaudita” la detención de Ghosn, y señaló que los cargos adicionales “no son nuevos, sino que están relacionados” con los delitos por los que ya pesan tres acusaciones formales en su contra.
El jefe de su equipo de abogados, Junichiro Hironaka, consideró que es “injustificable” que se vuelva a arrestar a Ghosn después de que el tribunal competente le concediera la libertad bajo fianza el pasado 6 de marzo, y a condición de cumplir unos estrictos requerimientos que limitaban sus movimientos y comunicaciones.
“Mi detención de esta mañana es indignante y arbitraria”, afirmó Ghosn en un comunicado distribuido por sus portavoces. Se trata, añadió, “de otro intento de parte de algunos individuos de Nissan por silenciarme y confundir a los fiscales”.
Llama la atención que el arresto se produjera a primera hora de este jueves, después de que en la víspera apareciera un perfil de Ghosn en Twitter -el primero asociado a su nombre y con identidad verificada por esta plataforma-, donde se publicó el antes citado mensaje convocando una rueda de prensa.
“Tomaremos todas las medidas jurídicas posibles para volver a obtener la libertad bajo fianza”, manifestó Hironaka, quien añadió que Ghosn comparecerá ante los medios “el mismo día 11 si fuera posible o más adelante”, y añadió que además tiene previsto difundir unos vídeos dando su versión de los hechos.
El letrado dijo desconocer cómo Ghosn publicó su mensaje a través de Twitter teniendo en cuenta que el juez había restringido su acceso a internet, aunque agregó que las condiciones impuestas por el tribunal “limitaban, pero no prohibían” su navegación en línea.
Tras la presentación de nuevos cargos por la acusación, Ghosn podría quedar en detención provisional hasta un máximo de 22 días antes de que se dé a conocer la nueva acusación formal contra él.
Los nuevos delitos investigados podrían conllevar penas máximas de diez años de prisión y multas de hasta diez millones de yenes (79.900 euros), según la fiscalía.
Esto se sumaría a eventuales penas por los anteriores cargos en su contra por ocultar a las autoridades millonarias compensaciones pactadas con Nissan y por abusar de la confianza de la empresa al usar sus fondos para cubrir pérdidas financieras personales.
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