Un año después de cumplirse el plazo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio el Congreso para hallar una salida para los cerca d...
Un año después de cumplirse el plazo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio el Congreso para hallar una salida para los cerca de 700.000 indocumentados amparados por la Acción Diferida (DACA), estos jóvenes migrantes presionan de nuevo para lograr una legalización definitiva.
“No tenemos un futuro. Desde hace un año estamos en una total incertidumbre y necesitamos que el Congreso actúe ya”, dice a Efe Leezia Dhalla, indocumentada y activista de la organización FWD.us.
Las decisiones de varios tribunales devolvió el año pasado la esperanza a los “soñadores”, como se conoce a los indocumentados que llegaron al país siendo unos niños, al obligar a la Administración a reinstalar el programa antes de que concluyese el plazo dado por Trump, el 5 de marzo de 2018, para su cierre definitivo.
Tanto jóvenes como activistas esperaban que el Congreso actuara en el periodo otorgado por el presidente, que dio a los legisladores un ultimátum de seis meses para que aprobasen una ley que les diera estatus legal permanente en el país.
Sin embargo, la fecha pasó sin pena ni gloria y el “momento” político de estos migrantes fue disminuyendo, aunque en su mayoría mantienen el permiso de trabajo y residencia temporal que conlleva DACA.
Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), al “plazo se lo llevo el viento, porque ni el presidente ni el Congreso estaban dispuestos a presentar propuestas de ley justas para aliviar el sufrimiento” de estos jóvenes.
Mientras el tiempo fue pasando, otras crisis migratorias como la de las separaciones de familias en el verano de 2018, las caravanas de centroamericanos y la construcción del muro de Trump también apocaron el movimiento y la necesidad de encontrar una pronta solución.
Ante el panorama poco alentador de 2018 los “soñadores” se dedicaron a alentar el voto y detener la “máquina de deportación de la administración Trump”, dice Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition.
Pero el activista indica a Efe que ya llegó la hora de los “soñadores” de recordar al Congreso que están en deuda con este grupo.
Dhalla, una canadiense que llegó a los seis años a suelo estadounidense y que perderá su empleo el próximo año si el Congreso no actúa, recalca que el “tiempo se acaba para todos los DACA”.
La carrera contrarreloj ahora es con la Corte Suprema de Justicia, que verá el tema en octubre y puede invalidar los fallos de las tres cortes federales y el Noveno Circuito de Apelaciones que mantiene vivo el programa de manera temporal.
Las acciones a favor de DACA se han intensificado recientemente y este miércoles un centenar de “soñadores”, beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y por el programa Partida Forzada Diferida (DED) impulsarán en Washington las conversaciones sobre un proyecto de legalización permanente de estos tres grupos.
Mientras los “soñadores” tratan de poner nuevamente los focos sobre DACA, la representante federal por California Lucille Roybal-Allard presentará nuevamente el proyecto de ley “Dream Act”, que daría protecciones legales permanentes y un camino hacia la ciudadanía a los “soñadores” y los favorecidos por el TPS y DED.
Nancy Pelosi prometió en las elecciones de mitad de legislatura presidencial que DACA sería una prioridad si retomaban el Congreso, cosa que sucedió parcialmente en la cita electoral de noviembre pasado al hacerse con el control de la Cámara de Representantes, pero no así del Senado.
Y, aunque el pulso político por el cierre temporal del Gobierno federal y el intenso debate sobre muro habría retrasado el proyecto, parece que se aproxima nuevamente el debate para aprobar un “Dream Act”, iniciativa bipartidista que se ha presentado sin existo en varias ocasiones desde 2001.
“Es ahora o nunca, no le podemos dar más largas a esto”, opina Angélica Villalobos, “soñadora” y madre de cinco hijos que reside en Oklahoma.
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