Los congresos locales de Yucatán y de Michoacán avalaron este miércoles la creación de la Guardia Nacional impulsada por el presidente de...
Los congresos locales de Yucatán y de Michoacán avalaron este miércoles la creación de la Guardia Nacional impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de manera que los 32 estados mexicanos ya han aprobado la medida.
Las cámaras de Yucatán, en el sureste del país, y Michoacán, en el oeste, avalaron por casi unanimidad el dictamen que crea la Guardia Nacional, un nuevo organismo federal de seguridad pública integrado por policías y militares.
Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requería de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado, y del apoyo de la mitad más uno de los congresos locales, es decir 17.
Este requisito se cumplió el 6 de marzo, cuando habían aprobado el dictamen los congresos de Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Tlaxcala, Baja California Sur y Quintana Roo.
Sin embargo, López Obrador anunció que se esperaría a que el máximo de congresos locales aprobaran la Guardia Nacional antes de promulgarla, para dotarla así de más legitimidad.
“Hemos decidido esperar a que se apruebe en la mayoría de legislaturas locales, si es posible en todas, porque se requiere de legalidad y legitimidad suficiente”, dijo el mandatario en rueda de prensa.
Posteriormente, fue aprobada por Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato. A los que este miércoles se sumaron Yucatán y Michoacán.
La Guardia Nacional tendrá el objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, donde el pasado año se registraron 33.341 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.
Este organismo causó polémica en un inicio dado que López Obrador pretendía que tuviera una dirección militar, lo que fue criticado por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Consideraban que este organismo perpetuaba la “militarización” del país, donde el Ejército está presente en las calles desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, tras un acuerdo entre todos los partidos políticos mexicanos, se estableció que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante cinco años, para luego regresar a los cuarteles.
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