La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló el caso de una “campaña sucia” orquestada por empresas privadas, dependencias del anter...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló el caso de una “campaña sucia” orquestada por empresas privadas, dependencias del anterior gobierno federal y un gobierno estatal en el pasado proceso electoral, que tuvo como uno de sus productos la serie del “Populismo en América”.
De acuerdo con el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre los financiadores de la serie está la compañía OHL, que aportó 186 millones de pesos, además de dos mil 500 millones de pesos provenientes de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México.
Asimismo, se identificó que “La división”, perteneciente a Piña Digital, es la realizadora del documental, donde el director es además accionista de dicha empresa.
Precisó en un comunicado que la empresa Conaxis envió a Piña Digital 18 millones 500 mil pesos y 34 millones de pesos a una intermediaria para entregar a Alejandro Jesús Quintero Iñiguez la cantidad de 418 mil dólares; en tanto que Bufete de Proyectos Información y Análisis (BPIA) envió 47 millones 900 mil a Grupo TV Promo, propiedad de Alejandro Quintero.
“Se identificó que la empresa Bufete de Proyectos de Información recibió 186 millones de pesos provenientes de la empresa OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación”.
De acuerdo con la UIF, los recursos recibidos por el Bufete fueron entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto “Populismo en América”.
Recordó que la Ley en Materia de Delitos Electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento ilícito, en dinero o en especie, en las campañas electorales, primero de recursos procedentes de la delincuencia organizada y segundo por tener aportaciones mayores a las establecidas en la ley.
Asimismo, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo el principio de que financiamiento público tiene que prevalecer en México sobre el financiamiento privado.
En particular, aseguró, se encontró que la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales.
Además, el artículo 41 constitucional prohíbe a terceros comprar espacio en radio y televisión para hacer proselitismo en favor o en contra de candidatos, por tanto, se dará por un lado vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para efecto de que el ejercicio de sus facultades de fiscalización determine lo que conforme a derecho corresponda.
La UIF añadió que se presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por presunta violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y finalmente se presentará también una denuncia por un eventual lavado de dinero en términos de la legislación.
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