La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no contempla la...
La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no contempla la indemnización a los pobladores de las tierras que se verán afectadas, denunció este jueves la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Una investigación realizada por la agrupación desveló que un total de 11 ejidos, en su mayoría de población indígena maya y situados en el sur del país, se verían afectados al haberse planificado la construcción sin su consentimiento.
Según detalla MCCI, a finales del año pasado año los propietarios tuvieron un primer acercamiento con funcionarios federales que explicaron de manera resumida en qué consistiría el Tren Maya, un tren ultramoderno que pretende interconectar el sur del México para incentivar el turismo.
No obstante, en estas conversaciones no se dieron detalles ni se contempló un plan incluyente.
Las vías de este tren modernista correrán a través de 1.525 kilómetros sobre la Península de Yucatán.
El ferrocarril tiene una inversión estimada de unos 150.000 millones de pesos (7.389 millones de dólares) y contará con 15 paradas que unirán puntos tan importantes como el balneario de Cancún o las ruinas de Palenque con otros municipios más desconocidos como Calakmul o Tenosique.
Fue el pasado 16 de diciembre cuando dio inicio la construcción de esta colosal infraestructura.
Por ley, el Gobierno de México tendría que expropiar 253 kilómetros que corresponden a estos ejidos, según la Ley Agraria (1936), la cual determina las condiciones para la ocupación de territorios para el aprovechamiento de infraestructura.
Sin embargo, en el Registro Agrario Nacional no existen expedientes que constaten la expropiación.
Los Tribunales Agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios y, en todos estos casos han exigido al Gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.
Esta situación emerge como un paralelismo con la situación vivida hace 50 años en la misma zona cuando comenzó la construcción de la carretera Chetumal-Cancún, en el período del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
En aquel entonces tampoco se cumplieron las reglas de expropiación e indemnización por los terrenos.
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